Con la publicación en el Registro Oficial en mayo de 2025, entraron en vigencia reformas clave al Código del Trabajo y otras leyes, enfocadas en eliminar la discriminación por edad en el entorno laboral. Se trata de la Ley Orgánica Reformatoria a Varias Leyes Respecto de la Discriminación por Edad en el Sistema Laboral. Una de las principales novedades es que los empleadores con 25 trabajadores deberán contar al menos con una persona mayor de 40 años, y si la nómina es mayor, al menos el 1 % de los empleados debe pertenecer a este grupo etario.
Entre los cambios más importantes al artículo 44 del Código del Trabajo, ahora se prohíbe incluir límites de edad en anuncios de empleo, exigir seguros privados como condición para contratar, o restringir la participación en capacitaciones y ascensos por motivo de edad. Además, queda prohibida la terminación de la relación laboral, así como el acoso o violencia para inducir la renuncia, por razones relacionadas con la edad. Las empresas también deberán justificar con argumentos sólidos cualquier negativa de contratación ante una denuncia de discriminación.
Las reformas se extienden al sector público, incluyendo la Ley Orgánica de Servicio Público y la Ley Orgánica de Educación Superior. En esta última, se prohíbe obligar a docentes a jubilarse por haber cumplido cierta edad. También queda expresamente prohibida la reducción de su carga horaria o el cambio de funciones por ese motivo. Estas disposiciones buscan garantizar la continuidad del trabajo académico y preservar la experiencia docente sin discriminación.
La Defensoría del Pueblo será la encargada de vigilar el cumplimiento de la nueva normativa. El ente rector de educación superior tendrá 90 días para identificar los espacios con más discriminación por edad, mientras que el Ministerio del Trabajo, en un plazo de 180 días, deberá proponer medidas y establecer incentivos no económicos para las empresas que contraten a personas mayores de 40 años que hayan estado desempleadas al menos seis meses. Con estas reformas, se consolida un marco legal más equitativo e inclusivo para los trabajadores adultos.
