Argentina ha implementado una serie de reformas a su régimen migratorio que afectan directamente a las personas extranjeras que residen en el país de forma transitoria, temporaria o irregular. La medida más grave es la eliminación del acceso gratuito al sistema público de salud para este grupo de migrantes. A partir de ahora, quienes ingresen al país bajo estas condiciones deberán contar con un seguro médico obligatorio.
El gobierno justificó esta decisión señalando que no puede permitir que los contribuyentes argentinos asuman los costos de atención médica para extranjeros. Según datos oficiales, los servicios hospitalarios prestados a personas migrantes generaron un gasto de más de 100 millones de pesos en el último año. Sin embargo, la medida ha generado preocupación por el impacto que puede tener sobre la salud y los derechos humanos de quienes migran en situaciones de vulnerabilidad.
A estas restricciones se suman posibles cobros en universidades públicas para estudiantes con residencia temporaria. Aunque la educación primaria y secundaria se mantiene gratuita para ciudadanos y residentes, el acceso a la educación superior podría depender del estatus migratorio y de la capacidad de pago, lo que limitaría las oportunidades de formación profesional para cientos de jóvenes extranjeros.
También se han endurecido los requisitos para acceder a la ciudadanía argentina, la cual solo podrá obtenerse tras una residencia continua de dos años. Estas reformas plantean un cambio de enfoque en la política migratoria argentina, alejándose de un modelo de integración y derechos universales para migrantes, y acercándose a uno más restrictivo que podría agravar la exclusión social y el acceso a servicios básicos para quienes buscan un nuevo comienzo.
