Luego de seis años de trabajo, la Asamblea Nacional no logró aprobar la reforma al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia (COPINNA), una normativa clave para actualizar los derechos y protecciones de niñas, niños y adolescentes en Ecuador. El proyecto, de más de 700 páginas, obtuvo apenas 45 votos afirmativos —todos del bloque correísta— frente a 60 abstenciones y un voto en contra. La propuesta buscaba una transformación integral del sistema de protección de derechos, incorporando nuevos enfoques frente a realidades como el reclutamiento forzado, el abandono escolar, el embarazo adolescente, la desnutrición crónica infantil, el cambio climático, la violencia sexual y la justicia juvenil.
Entre sus principales avances, la reforma proponía fortalecer el sistema de protección integral con participación activa de municipios y juntas cantonales, establecer con claridad las responsabilidades del Estado, redefinir la corresponsabilidad de madres y padres, e introducir el principio del interés superior del niño de forma transversal. También promovía la justicia juvenil restaurativa, es decir, un sistema que prioriza la rehabilitación y reintegración del adolescente infractor, en lugar de medidas exclusivamente punitivas. Otro punto clave era la creación de mecanismos para garantizar el acceso a servicios esenciales como salud, educación y alimentación.
La asambleísta Pierina Correa, ponente del proyecto, defendió la propuesta hasta el final y lamentó que el debate se haya visto afectado por desinformación, especialmente en temas sensibles como adopción y diversidad. Aclaró que la reforma no autorizaba adopciones por parte de parejas del mismo sexo ni permitía el cambio de sexo en menores de edad, salvo en casos médicos comprobados. “El país pierde una gran oportunidad para avanzar en la protección de la niñez”, dijo en su discurso de despedida.
UNICEF, junto con más de 40 organizaciones sociales que participaron en la construcción del texto, lamentó el rechazo y pidió que la nueva Asamblea retome con urgencia esta agenda pendiente. En su comunicado, la organización destacó que Ecuador tiene una deuda histórica con su población más joven y que esta ley era una oportunidad concreta para saldarla. Ahora, la atención se dirige hacia los nuevos legisladores, quienes deberán demostrar si realmente están comprometidos con garantizar un futuro más digno para la niñez y adolescencia ecuatoriana.
