La Junta de Política y Regulación Financiera de Ecuador dio luz verde a una nueva medida que busca aliviar la carga económica de personas y empresas con deudas activas. A partir del 31 de marzo de 2025, las entidades financieras del país —sean públicas, privadas o del sector popular y solidario— podrán ofrecer una prórroga de hasta seis meses en el pago de créditos vigentes. Esta medida se basa en la resolución JPRF-F-2025-0145 y tiene como objetivo brindar un respiro a quienes enfrentan dificultades económicas o necesitan reorganizar sus finanzas.
El diferimiento permitirá aplazar las cuotas por un máximo de 180 días, las cuales se trasladarán al final del calendario de pagos. Cada entidad decidirá si aplica o no intereses sobre esos pagos pospuestos, pero deberá informarlo con claridad al cliente antes de concretar cualquier ajuste. Esta flexibilidad es clave, ya que permite a los usuarios negociar y tomar decisiones informadas, sin sorpresas en el camino.
Esta política estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2025 y se alinea con la Ley de Mujeres Emprendedoras, una iniciativa que promueve el acceso a condiciones más justas para mujeres que lideran negocios o iniciativas económicas. Además, no será necesario que los clientes inicien la solicitud: los bancos también podrán ofrecer este beneficio de manera proactiva, siempre y cuando el usuario acepte de forma expresa a través de un correo, mensaje o llamada telefónica.
Paralelamente, se mantiene activo un decreto anterior (JPRF-F-2024-0134) que ya permitía diferimientos de hasta 90 días para quienes tenían obligaciones vencidas entre agosto de 2023 y diciembre de 2024. Con este nuevo paquete de alivios financieros, el Gobierno ecuatoriano refuerza su estrategia para estabilizar las finanzas de las familias y de los sectores productivos del país, en una etapa clave para la recuperación económica.
