El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) respaldó la resolución de la Asamblea Nacional que determina la responsabilidad estatal y política del ministro de Defensa, Gian Carlos Loffredo, en el caso de los cuatro niños de Las Malvinas, víctimas de desaparición forzada, y posterior muerte, a causa de patrullas militares. La organización destacó que esta decisión del poder legislativo es un avance en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las familias afectadas.
El CDH criticó la postura del ministro Loffredo, quien desde el inicio minimizó el caso, revictimizando a las familias y asegurando que hablar de desaparición forzada era «hacerle juego al crimen organizado». Además, señalaron que el ministro obstaculizó las investigaciones al declarar como reservada la información sobre los operativos en los que participaron las fuerzas militares. Según el comité, esta actuación demuestra su desconocimiento sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y su falta de compromiso con la protección de los derechos humanos.
El comité también denunció que, bajo la dirección política del ministro Loffredo, se han registrado al menos 27 desapariciones forzadas y casos de tortura en el país. Paralelamente, la Fiscalía investiga más de una docena de ejecuciones extrajudiciales relacionadas con operativos militares. A pesar de estos antecedentes, el gobierno ha mantenido su política de militarización de la seguridad ciudadana, lo que, según el CDH, ha generado graves violaciones de derechos humanos sin lograr una reducción de la violencia.
Asimismo, el CDH cuestionó la decisión del presidente Daniel Noboa de sostener el despliegue de las Fuerzas Armadas bajo la figura de un supuesto conflicto armado interno. Esta medida ha sido criticada por organismos internacionales como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos del Niño de la ONU. Según el comité, el gobierno ha insistido en una estrategia militar sin fortalecer la Policía Nacional, sin establecer una política pública de seguridad y sin recuperar el control de las cárceles, lo que ha puesto en riesgo la vida de la población.
