Desde estafa, concusión, venta de cargos públicos, usurpación y simulación de funciones públicas, abuso de confianza, calumnia, paralización de servicios públicos, robo de combustible hasta violencia intrafamiliar, delincuencia organizada y asesinato. Estos son algunos de los supuestos delitos por los que han sido procesados 236 de los 2.089 candidatos a la Asamblea Nacional. Es decir, el 11% de los aspirantes a asambleístas registran denuncias penales desde el 2014, cuando entró en vigor el nuevo Código Integral Penal (COIP), y que es el periodo analizado por esta alianza periodística con miras a las elecciones generales del 9 de febrero próximo.
En su mayoría, estos procesos han sido archivados por distintos motivos y son muy pocos los que han culminado con sentencia condenatoria. Sin embargo, en algunos casos activos los ahora candidatos hicieron constar ante los jueces que ya habían sido calificados como tales para suspender los procesos en su contra.
De acuerdo con lo que dispone el Código de la Democracia, el proceso penal sólo podrá retomarse una vez que se proclamen los resultados; y de ser ganadores, los asambleístas gozarán de fuero de corte nacional.
De estos 2.089 candidatos que compiten para asambleístas nacionales y provinciales (sin contar las curules del exterior), 733 candidatos no han presentado sus declaraciones de impuesto a la renta al menos una vez, entre el 2017 y 2023, y 153 han registrado deudas con el fisco, según el Servicio de Rentas Internas.
Una radiografía gris de la clase política ecuatoriana que aspira a ocupar una curul en la Asamblea Nacional, que este año estará compuesta por 15 diputados nacionales, 130 provinciales (con Guayas, Manabí y Pichincha divididas en circunscripciones) y seis de las circunscripciones del exterior.
Denuncias y procesos penales
De acuerdo con los archivos de la Función Judicial, 236 candidatos han enfrentado procesos penales desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal en 2014. En al menos seis casos, según las consultas realizadas en la página web, los candidatos han detenido el avance del proceso por su postulación electoral.
El primero en hacerse público fue el del caso conocido como Metástasis, pues Armando Flor Izaguirre (PID) fue llamado a juicio pero no pudo ser juzgado por ser candidato en la lista nacional de asambleístas.
Otro proceso es el de Laura Guato Yupanqui (PSC), aspirante a asambleísta en Chimborazo, quien fue detenida en flagrancia en diciembre de 2024 por una supuesta perforación del poliducto de Petroecuador en el sector de Las Lajas, cantón Mocha (Tungurahua).
En Manabí se registra el caso del exalcalde de Montecristi, Wilver Arteaga Palacios, de la alianza Camino Manabita (PSC y Cambio), que enfrenta un proceso por presunto peculado.
También se cuentan dos candidatos procesados del caso conocido como Depuración I, en el que se realizaron allanamientos a mediados de 2022 contra una supuesta red que operaba en Latacunga, La Maná, Salcedo y Pujilí, cometiendo presuntos delitos de peculado y enriquecimiento ilícito.
El aspirante que más procesos acumula es Dick Borja Quiñónez, candidato en Esmeraldas por RETO. En el historial de la Función Judicial aparecen 29 denuncias en los últimos diez años, la mayoría por supuesta estafa relacionada con el proyecto habitacional Tecnipetrol.
Otros que acumulan varios procesos son el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Otto Vera Palacios, de la Alianza Únete Santa Elena, con 19 procesos; el exalcalde de Loja José Bolívar Castillo Vivanco, del Movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE), con siete casos; y el exalcalde de Flavio Alfaro y asambleísta Jaminton Intriago Alcívar, de Unidos por el Desarrollo (Manabí), también con siete.
De acuerdo con la información de la Función Judicial, la mayoría de los procesos ha sido archivado. La organización política nacional con mayor número de candidatos que han enfrentado procesos penales es la Revolución Ciudadana (RC), con 24 aspirantes, entre candidatos propios y en alianza. Le siguen Sociedad Unida Más Acción (SUMA), con 23; Acción Democrática Nacional (ADN), con 20; Amigo, con 19; y Renovación Total (RETO) y el Partido Social Cristiano (PSC), con 17 cada una.
Aspirantes a la Asamblea con mínima o nula contribución tributaria
Sin mucha sorpresa, la investigación realizada por esta alianza periodística también constató que muchos candidatos a asambleístas no han presentado su declaración de impuesto a la renta al menos una vez en el período analizado, que va entre 2017 y 2023. Son 733 del total de 2.089 analizados, es decir el 35 por ciento.
La organización política nacional con mayor número de aspirantes con declaraciones tributarias pendientes es Amigo, con 57 candidatos, entre propios y en alianza. Le siguen CREO y el Partido Socialista Ecuatoriano (PSE), con 56; ADN, con 53; y el Partido Sociedad Patriótica (PSP), con 51.
Los aspirantes con más declaraciones de impuesto a la renta pendientes son: la madre del actual presidente de la República, Daniel Noboa, Annabella Azín Arce (lista nacional de ADN), Ignacio Alfonso Crespo (PSP, Cañar), Doménica Vásconez Miranda (Avanza, Tungurahua). Ellos no han presentado ninguna declaración en el periodo analizado, que va del 2017 al 2023.
Por otro lado, 320 aspirantes no están registrados en la base de datos de declaraciones de impuesto a la renta del SRI, es decir que no han tributado nunca. De estos, 175 personas, el 54%, son mayores de 25 años.
La organización política nacional con más candidatos que han registrado deudas tributarias es la RC, con 16 aspirantes, entre candidatos propios y en alianza. Le siguen el PSC, con catorce; Centro Democrático y Pueblo Igualdad y Democracia (PID), con doce cada una; y CREO, SUMA y PSE, con once cada una.
Candidatos con mayores deudas tributarias
Los candidatos con mayores deudas tributarias hasta el 17 de enero son: el exjugador de fútbol Frickson Erazo Vivero (Construye, Esmeraldas) por 42.092 dólares, pero el monto está en impugnación.
En cambio, ya constan con facilidades de pago las deudas tributarias del exconcejal de Guayaquil Raúl Chávez Núñez del Arco (lista nacional de RC-RETO) por 19.775 dólares y del exministro de Lenín Moreno, Gabriel Martínez Castro (SUMA, Guayas circunscripción 2) por 7.209 dólares.
Candidatos que han ocupado cargos públicos
- Candidata Margarita Pico Meléndez (Centro Democrático, Tungurahua), registró un patrimonio de 2,9 millones en su última declaración presentada como directora médica del Hospital de Píllaro en marzo del 2019.
- María Dolores Aray Yanzaguano (Pachakutik, Azuay) cuyo patrimonio creció en más de 8 millones de dólares en apenas dos años. Cuando Aray culminó su gestión de asesora legal del Municipio de Cuenca, en junio de 2022, declaró 18.144 dólares de patrimonio.
La organización política nacional con más candidatos con experiencia en el sector público es la RC, con 98 aspirantes, entre candidatos propios y en alianza. Le siguen ADN, con 79; CREO, con 78; SUMA, con 77 y PSC, con 75.
Esta es una investigación liderada por Fundamedios, con el apoyo de la Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC), en la que participaron 38 periodistas. TU VOZ TV y otros 37 medios de comunicación se han unido a la alianza para difundir la información.
