Esta es la segunda vez en una década que Nina Gualinga denuncia a su agresor. La primera vez, su caso fue archivado porque la Policía no logró notificar a su expareja. A pesar de contar con una boleta de auxilio, las medidas de protección han sido insuficientes, permitiendo que el agresor continúe con su conducta sin consecuencias. Esta situación evidencia las deficiencias en la aplicación de la justicia para casos de violencia de género en Ecuador.
Otro problema que ha señalado la activista es la falta de transparencia en el proceso judicial. Ha denunciado que su caso ha pasado por constantes cambios de fiscales y que, en lugar de ser atendido por una unidad especializada en violencia de género, fue derivado a una fiscalía de tránsito. Estas irregularidades generan incertidumbre sobre el compromiso del sistema judicial con la protección de las víctimas.
Mayra Tirira, representante de la organización feminista Surkuna, que acompaña a Gualinga en este proceso, afirma que este caso es un reflejo de lo que muchas mujeres en Ecuador enfrentan al denunciar violencia de género. Acceder a medidas de protección efectivas sigue siendo un reto, lo que pone en evidencia la falta de respuestas oportunas y eficaces por parte del Estado.
Para Gualinga, esta lucha no es solo personal, sino también colectiva. La activista insiste en la urgencia de una reforma en el sistema judicial que garantice procesos ágiles, justos y transparentes. Su testimonio pone en evidencia las barreras que enfrentan las mujeres al buscar justicia y la necesidad de reforzar las políticas de protección para evitar que más víctimas queden en el olvido.
