Se cumple un mes de la desaparición de los cuatro menores de Las Malvinas, un caso que ha conmocionado a Guayaquil y al país entero. Los hermanos Josué e Ismael Arroyo, Steven Medina y Nehemías Arboleda fueron detenidos el 8 de diciembre de 2024, y encontrados calcinados días después en Taura, desde entonces, sus familias exigen justicia. Durante un acto conmemorativo en Las Malvinas, el Comité por la Protección de los Derechos Humanos (CDH) reiteró su llamado para que se esclarezca el caso.
La Fiscalía General del Estado ha abierto un segundo proceso para investigar el delito de secuestro y muerte de los menores. Este nuevo juicio se suma al primer proceso por desaparición forzada, que involucra a 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Según Billy Navarrete, coordinador del CDH, aún se espera el informe de Criminalística para identificar a los responsables directos del crimen.
Durante la audiencia de hábeas corpus del 24 de diciembre de 2024, el fiscal Christian Fárez señaló que no existen pruebas que vinculen a los menores con algún acto delictivo antes de su detención. “No hay partes policiales ni testigos que demuestren que los niños hayan cometido un robo”, afirmó Fárez. Estas declaraciones dejan en evidencia la falta de justificación para la detención inicial de los menores y refuerzan la gravedad del caso.
La comunidad de Las Malvinas y las organizaciones de derechos humanos exigen justicia inmediata. Este caso refleja la urgencia de fortalecer el sistema judicial y garantizar procesos transparentes que eviten la impunidad. Mientras tanto, las familias de las víctimas esperan que las investigaciones lleguen a buen término y que la verdad sobre el asesinato de los menores salga a la luz.
