El Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU ha dictado medidas cautelares para la búsqueda e investigación de la desaparición de Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, menores de entre 11 y 15 años desaparecidos el pasado 8 de diciembre cerca de un centro comercial en Guayaquil. Según los familiares, los niños habrían sido detenidos por miembros de las Fuerzas Armadas y obligados a subir a un vehículo, sin que se conozca su paradero desde entonces.
En una reunión virtual reciente, Jan Jarab, representante de ONU Derechos Humanos en América del Sur, junto con Unicef y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), escucharon los testimonios de los padres, quienes compartieron su angustia y temor, destacando que su mayor deseo es que los menores sean encontrados con vida. El CDH, una organización ecuatoriana dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, ha acompañado legalmente a las familias durante todo el proceso.
El Comité de la ONU ordenó al Estado ecuatoriano implementar antes del 7 de enero de 2025 una estrategia integral para la búsqueda de los menores, que contemple un plan de acción, cronogramas claros y explore todas las hipótesis, incluida la posible implicación de agentes estatales. También exige que se informe periódicamente a las familias sobre los avances y que estas puedan participar activamente en las investigaciones, garantizándoles además protección especializada.
Las medidas cautelares incluyen la creación de un mecanismo oficial para coordinar la búsqueda, localizar a los menores y determinar responsabilidades. Además, se destaca la necesidad de un enfoque de diligencia en cada etapa del proceso, asegurando la exhaustividad y transparencia en las investigaciones. La comunidad internacional y organismos locales de derechos humanos mantienen una estrecha vigilancia sobre este caso, que ha generado una gran preocupación a nivel nacional e internacional.
