El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó este lunes a Sariha Moya como vicepresidenta encargada del país. Moya, quien en campaña había sido proyectada para liderar el Ministerio de Economía y Finanzas, se desempeñaba hasta ahora como secretaria de Planificación. Esta decisión se da en medio de una situación polémica en torno a la vicepresidencia y ha generado diversas reacciones en la sociedad ecuatoriana, especialmente por su relación con el papel de las mujeres en altos cargos de gobierno.
La designación de Moya surge luego de la sanción impuesta a la vicepresidenta Verónica Abad por parte del Ministerio de Trabajo. La cartera determinó una suspensión de 150 días por “abandono de trabajo”, debido a que Abad no se presentó en la embajada de Ecuador en Turquía el 1 de septiembre, sino el 9 del mismo mes. Para abogados constitucionalistas, esta medida es abiertamente inconstitucional, ya que consideran que el cargo de vicepresidente tiene legitimidad por el voto popular, y no puede ser removido por una decisión administrativa.
En respuesta a esta situación, colectivos de mujeres comprometidos con la defensa de los derechos femeninos han alzado su voz en apoyo a Verónica Abad. Bajo el lema “¡No Más Violencia Política de Género!”, convocó a una reunión virtual el 10 de noviembre a las 16:00 a través de Zoom, con el fin de analizar y proponer acciones conjuntas en defensa de los derechos políticos de las mujeres. Aseguran que esta sanción representa un ataque a la participación femenina en la política y que no permitirán que se establezca este precedente de vulneración de derechos.
Ante esta situación, Verónica Abad emitió una declaración pública en la que rechazó la sanción impuesta, calificándola de “improcedente” y una “violación innegable a los principios de legalidad y justicia.” En sus palabras, expresó: “Defenderé con firmeza los derechos, libertad y democracia de nuestra República.” La vicepresidenta suspendida reafirmó su compromiso de enfrentar esta decisión, argumentando que Ecuador se encuentra en una situación crítica, con la democracia y sus instituciones en riesgo.
