El Ministerio de Educación ha presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de Riobamba para investigar un grave caso de abuso sexual en el que 17 estudiantes fueron víctimas durante un retiro espiritual. El hecho fue perpetrado presuntamente por un predicador internacional. Ante la gravedad de la situación, el Ministerio también ha brindado protección integral a las menores y sus familias, ofreciendo apoyo psicológico y legal.
El caso salió a la luz el 10 de septiembre, cuando circuló un video en redes sociales en el que se mostraba a un grupo de padres de familia discutiendo con religiosas del convento donde ocurrió el retiro. Los padres denunciaron que las menores, estudiantes de la Unidad Educativa Santa María de los Ángeles, ubicada en el sur de Guayaquil, habían sido abusadas por el predicador durante el evento religioso, que se llevó a cabo en Riobamba.
Una madre de familia, con indignación, declaró en un video difundido en redes sociales: «Hablamos por la integridad de las niñas». Visiblemente afectada, narró que las menores contaron a los padres, entre lágrimas, el abuso que sufrieron, diciendo «a mí también, a mí me pasó». Sin embargo, denunció que las menores refirieron que «el profe Urbina dijo que no quiere más problemas».
La madre también destacó que estudiantes varones respaldaron la denuncia de sus compañeras. Este caso ha generado una gran indignación pública, y tanto las autoridades educativas como las judiciales están comprometidas en asegurar que se haga justicia para las víctimas.
En Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal, según el Art. 170 dictamina que:
«Abuso sexual.– La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la
obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista
penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o con discapacidad; cuando la persona no
tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo;
o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión física o daño psicológico
permanente o contraiga una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de
libertad de siete a diez años»
