Mayra Salazar, procesada en el caso Metástasis, fue sentenciada a 15 meses de prisión como como autora directa en el delito de delincuencia organizada. La Corte Nacional de Justicia definió el futuro de Salazar, quien se sometió al procedimiento abreviado tras colaborar con las investigaciones de la Fiscalía general del Estado.
Salazar se declaró culpable de haber ayudado a la red delincuencial de Leandro Norero por lo que se pudo reducir su condena. Además de la prisión, debe pagar una reparación integral al Estado de USD 17.340 dólares, por pedido de la Procuraduría General del Estado. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, destacó que, la cooperación de Mayra Salazar fue determinante para investigar el crimen organizado.
Debido a su cooperación, el juez Cabrera aceptó y condenó a la acusada a cumplir el 25% de la condena prevista para el delito de delincuencia organizada. La sentenciada fue detenida el 13 de diciembre del año anterior en su domicilio y en la audiencia de formulación de cargos se le dictó prisión preventiva, por lo que lleva detenida siete meses. Ahora tras la reducción de la sentencia Salazar saldrá en libertad en marzo del 2025.
¿Cómo colaboraba con Norero?
Salazar operó desde de la Corte Provincial de Guayas, además, tuvo contacto directo con el narcotraficante para favorecerlo en sus causas judiciales. De acuerdo con la Fiscalía, Mayra Salazar, se encargó de buscar jueces dispuestos a recibir sobornos a cambio de fallos judiciales. Estas actividades quedaron registradas en chats y transacciones bancarias.
Emerson Curipallo séptimo sentenciado en este caso
Emerson Curipallo, exjuez de Santo Domingo que formó parte de la estructura de corrupción judicial que se investiga en el caso Metástasis aceptó haber cometido el delito por delincuencia organizada, pues aceptó que recibió USD 200.000 para liberar a delincuentes sentenciados.
Ante esto, fue sentenciado a 40 meses de prisión, y su pena fue reducida gracias a que se sometió a un procedimiento abreviado. Además, el exmagistrado tendrá que pagar USD 5.520 como multa y USD 11.040, a manera de reparación en favor del Estado ecuatoriano, representado por la Procuraduría General del Estado. También deberá devolver los USD 200.000 que recibió como soborno.
