Juez acoge el pedido de la Fiscalía general del Estado y dicta prisión preventiva en contra del exvicepresidente Jorge Glas y Carlos B., mientras que a Pablo O. le dispone prohibición de salida del país y presentación periódica. Esto dentro del caso Reconstrucción de Manabí, donde son acusados del presunto delito de peculado.
Además, el Magistrado también ordena la retención de las cuentas que los procesados mantengan en el sistema financiero nacional, así como la prohibición de enajenar bienes y automotores por un monto de 122’492.990,76 dólares para Jorge Glas y Carlos B., y Pablo O. Por encontrarse Glas en la Embajada de México y Bernal en Estados Unidos, el juez Luis Rivera dispuso que se oficie a la Interpol su localización.
En el cuarto intento, el juez Luis Rivera de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) instaló la audiencia de formulación de cargos, el juez acogió el pedido de la Fiscalía, mismo que presentó 85 elementos de convicción contra los 3 procesados. Además, solicitó al Juez que dicte prisión preventiva para Jorge G. y Carlos B., y prohibición de salida del país y presentación periódica para Pablo O.
La audiencia fue convocada para las 08:30 del 5 de enero de 2024. Pero, una vez más, la defensa de Glas intentó diferir el procesamiento penal por la reconstrucción de Manabí. En esta ocasión, sus abogados presentaron tres pedidos:
- Revocar la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos, ya que la Asamblea no ha aprobado el procesamiento penal de Glas por este caso.
- Solicitar que la Fiscalía notifique a Glas con 45 días de anticipación, con base en un acuerdo de cooperación entre Ecuador y México.
- Recusación en contra del magistrado Luis Rivera, ya que no lo consideran un juez imparcial en este caso por una “enemistad manifiesta”.
Contexto
Glas fue presidente del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril de 2016. No obstante, la Fiscalía sostiene que USD 90 millones que estaban destinados para ese fin fueron ocupados en proyectos que no tenían la condición de urgentes. “Eran proyectos que estaban en el escritorio de Jorge Glas y que aprovechó para construir a dedo”, dijo Salazar.
La Fiscalía indaga la presunta corrupción que habría ocurrido con los fondos recaudados durante la vigencia de la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto. Dicha normativa, expedida en mayo de 2016, impuso tributos adicionales a quienes, por ejemplo, ganaban mil dólares o más mensuales, o a quienes tenían un patrimonio igual o mayor a un millón de dólares.
