Obtener un certificado de 61% de discapacidad física puede llegar a costar $1.300, según explicó Marlon Rodríguez de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios. El documento permite beneficiarse de la exoneración de aranceles en la importación de vehículos.
Durante 10 allanamientos realizados en Guayaquil y Daule, Provincia del Guayas la Policía desarticuló unas banda dedicada a la venta de carnets de discapacidad. 6 personas fueron detenidas.
Información preliminar indica que esta organización delictiva también evadía impuestos, ya que se encontraron evidencias que muestra que durante la emergencia sanitaria importaron guantes, mascarillas, pruebas rápidas de covid19 y ropa usada desde EEUU. Estos productos no eran reportados, se colocaban en su lugar artículos por los que se paga menos aranceles.
Las autoridades presumen que los detenidos tienen contactos en los puntos de ingreso en la Aduana, puertos y aeropuertos para que la mercancía no sea detectada.
Durante tres meses la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios realizaron las investigaciones para detectar un presunto delito de Asociación ilícita.
Durante varias semanas se han dado a conocer que funcionarios públicos y personas naturales han conseguido carnets de forma fraudulenta para obtener beneficios establecidos para las personas con discapacidad. Estas denuncias generaron que el presidente Lenin Moreno anuncie 6 medidas que impidan estos actos de corrupción:
- Suspensión inmediata del proceso de exoneración de aranceles.
- Detención de vehículos importados con carnéts fraudulentos.
- Auditoría del Ministerio de Salud caso por caso.
- El Ministerio de Salud deberá investigar, denunciar y sancionar a los responsables.
- A partir de ahora las placas de esos autos tendrán un distintivo especial.
- Se reformará todos los instrumentos legales para que los beneficios vayan a quienes realmente lo requieren.
El Mandatario indicó además que se ha presentado las respectivas denuncias a la Fiscalía General con el fin de que se investigue los delitos de importación de vehículos y las indemnizaciones y beneficios laborales fraudulentos.
“Estos miserables deben pagar por sus actos corruptos”, indicó.
