El presidente Guillermo Lasso suscribió el reglamento a la Ley Orgánica del Uso Legítimo de la Fuerza, mismo que permite que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cuenten con mayores garantías para ejecutar su trabajo. Esto con el fin de fortalecer las fuerzas del Estado para combatir contra la delincuencia y el narcotráfico.
La ley aclara disposiciones confusas de la ley y profundiza aspectos relevantes para la actuación de policías, militares y guías penitenciarios. Entre los elementos que contempla el cuerpo normativo se destacan los siguientes:
Permiso y autorización para el porte y uso de medios entregados en dotación: Los servidores de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que han completado y aprobado los estudios de formación correspondientes están autorizados y habilitados para la tenencia, uso y porte de equipamiento para el cumplimiento de su misión institucional.
Materialización del acto ilícito: Se entenderá como materialización del acto ilícito a la amenaza o peligro inminente, resistencia violenta o acciones conducentes a agredir de cualquier forma a los servidores de la Policía, Fuerzas Armadas y del cuerpo de seguridad y vigilancia penitenciaria o a terceras personas. Esto permitirá una intervención oportuna.
Legitimidad del uso de la fuerza: Los servidores de estas entidades que, en cumplimiento en su misión constitucional y deber legal, causen lesión, daño o muerte a otra persona, no serán aprehendidos; ni podrán ser separados de la entidad y conservarán sus derechos laborales, mientras no exista una sentencia ejecutoriada que determine que existió uso ilegítimo o arbitrario de la fuerza.
Fuerzas Armadas en centros de privación de libertad: Las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de la ley, planificarán y ejecutarán operaciones de control de armas, municiones, explosivos y accesorios en las áreas de influencia, inmediaciones y al interior de los centros de privación de libertad a nivel nacional.
El primer mandatario mencionó que este reglamento “es un paso importante para mejorar las condiciones de policías y militares, para actuar en defensa de los ciudadanos y proteger las libertades. El absurdo de que el policía debe esperar a que el delincuente le dispare o dispare a un ciudadano, se terminó”.
Añadió que este instrumento profundiza la ley, que la Asamblea Nacional no tomó en cuenta con su aprobación. Y respalda a las Fuerzas Armadas para que colaboren en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. También aseguró que ahora la fuerza pública puede actuar con la seguridad de que la normativa los respalda, que los instrumentos legales guiarán de forma razonable la actuación de los jueces y fiscales para que ningún uniformado sea enjuiciado por hacer su trabajo.
Además, el Gobierno avanza en el objetivo de incorporar 30.000 policías para completar los 80.000 que el país requiere y continúa trabajando para dotar a las fuerzas del orden de más armas, municiones, vehículos y otros equipos. Además, el ministro del Interior, Juan Zapata, también anunció que se prevé que la próxima semana se afinen detalles para suscribir un convenio con la Corte Nacional de Justicia para que las armas que han sido incautadas pasen a ser usadas por la Policía.
