En rueda de prensa la ministra de Educación, María Brown, anunció que han presentado acciones legales en contra del Municipio de Guayaquil por no permitir que las instituciones educativas de la ciudad retornen a clases presenciales.
Según el ministerio, entre el 24 y 25 de enero se han clausurado ocho planteles educativos. De ellos, seis son fiscales y dos particulares. De acuerdo con la municipalidad, hasta el momento están clausuradas la Unidad Educativa Balandra Cruz del Sur (secundaria y primaria), Unidad Educativa Los Vergeles, El Instituto Tecnológico Simón Bolívar, la Unidad Presidente Velasco Ibarra y el Colegio Guayaquil.
Por ello, Brown explicó que las acciones interpuestas por el ministerio son:
- Medidas cautelares: Para evitar que den más clausuras.
- Acción de protección que garantiza que se revean las clausuras y no se cobren las multas.
- Acciones administrativas: Impugnar la acción de la municipalidad al momento de clausurar. Se realizará una acción por cada institución.
La ministra indicó que con esto se busca precautelar la educación de los niños y adolescentes. Pues son los padres quienes voluntariamente han decidido optar por la educación presencial.
Asimismo, el coordinador jurídico de la entidad, Edgar Acosta, recordó que el Coe Cantonal no tiene entre sus competencias decidir que instituciones educativas asisten o no a las aulas. Adelantó que incluso se analiza si se incurre en un posible delito al clausurar y sancionar planteles educativos.
De igual manera, Brown mencionó que los colegios no son un foco de contagio de Covid-19; e informó que el 95% de los docentes ya se encuentran vacunados con las dos dosis.
De su parte, la alcaldesa Cynthia Viteri reiteró mediante su cuenta de Twitter que las clases en el cantón se mantendrán de manera virtual. Además, cuestionó el estado de las instituciones educativas y recordó que 10 niños permanecen en terapia intensiva por el virus.
Las instituciones que incumplan la disposición del municipio serán clausurados y sancionados con una multa económica de hasta siete salarios básicos unificados.
