A las 9h30 de este lunes 25 de enero se instaló de manera virtual la sesión 758 del Pleno de la Asamblea Nacional para tratar el segundo y definitivo debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica que Garantiza la Interrupción Voluntaria del Embarazo para Niñas, Adolescentes y Mujeres en Caso de Violación.
Después de leer y aprobarse dos solicitudes de cambio de orden del día, la presidenta del organismo, Guadalupe Llori, inició la comisión general para escuchar a representantes de varios colectivos de derechos humanos, médicos, organizaciones feministas y pro vida.
Una de las primeras en intervenir fue Ximena Casas, Investigadora Regional en temas de Mujeres de Human Rights Watch; quien afirmó que, desde el 2016 al 2019, 89 mujeres y niñas fueron judicializadas en Ecuador por practicarse un aborto.
“El 66% fueron interrogadas en un hospital por la policía sin que tuvieran una representación legal presente. Y en el 58% de los casos los defensores públicos asignados aconsejaron a estas mujeres que se declararan culpables” mencionó Casas.
Asimismo, Rosa López, del Movimiento de Mujeres de El Oro, aseguró que la ley “no obliga a nadie a abortar. Lo único que hace es garantizar la seguridad, protección y humanización de los servicios para las sobrevivientes de violencia”.
Proyecto de ley
En cuanto a la temporalidad, el proyecto de ley establece que en el caso de niñas y adolescentes menores de 18 años víctimas de violación, la interrupción voluntaria del embarazo se podrá realizar hasta la semana 22 de gestación. Mientras que, para mujeres y personas gestantes de 18 años en adelante, el procedimiento podrá hacerse hasta las 20 semanas.
Para a las personas con discapacidad mental víctimas de violación se observará lo dispuesto en la Guía Práctica Clínica denominada “Atención del Aborto Terapéutico” expedido por el Ministerio de Salud.
Sobre el hecho, el médico investigador, Esteban Ortiz, aseguró que el 99% de los abortos se da antes de las 20 semanas. Sin embargo, aseguró que, si se establece una temporalidad, más de 5.000 mujeres, niñas y adolescentes no podrían acceder a este derecho.
En caso de que el informe se apruebe con 70 votos o más a favor, este pasará al Ejecutivo. No obstante, esta mañana el presidente Guillermo Lasso ratificó que vetará esta ley. Esto pues, según Lasso, se pretende ir más allá del fallo de la Corte Constitucional, que se resolvió el 29 de abril del año pasado.
“Si el veto será total o parcial dependerá de la Asamblea Nacional” acotó el mandatario.
Actualmente, se desarrolla la lectura del informe aprobado por la Comisión de Justicia. Colectivos a favor y en contra del proyecto se concentran en los exteriores del Palacio Legislativo.
