El Pleno de la Asamblea Nacional, con 79 votos afirmativos, resolvió dar paso al juicio político en contra del Ministro de Trabajo, por atribuirse funciones que no le corresponden; por denegar el acceso inmediato a la información pública al Observatorio de Discapacidad; y por incumplir la Disposición Transitoria Vigesimoquinta de la Constitución de la República, al no revisar el salario básico unificado para el año 2021.
Marcela Holguín, una de los solicitantes del juicio político, quien elevó a moción que el Pleno dé paso al juicio político al Ministro de Trabajo, por ser responsable del despido de miles de trabajadores, en plena pandemia, con una interpretación antojadiza de la Ley Humanitaria, en lo que se refiere a la causal de caso fortuito o fuerza mayor para la terminación de la relación laboral.
Mónica Brito y Esteban Melo, vocales de la Comisión de Fiscalización, coincidieron en que, más allá de los pormenores del análisis interno del organismo, lo importante es que el proceso sea conocido y resuelto por el Pleno de la Asamblea, puesto que, a su juicio, existen argumentos suficientes para demostrar el incumplimiento de funciones del Ministro de Trabajo.
Por suu parte la legisladora Gabriela Larreátegui subrayó que hay una total debilidad en los argumentos presentados contra el Ministro de Trabajo, a quien se lo acusa de la pérdida de empleos en la pandemia, que es algo que pasó en todo el mundo.
De esta manera, de conformidad con lo previsto en el artículo 83, inciso segundo de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Presidente de la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de cinco días, incluirá en el orden del día para consideración del Pleno, el juicio político que absolverá o censurará y destituirá al funcionario o funcionaria, según corresponda.
