Cada desaparición de un niño, niña o adolescente es una tragedia que deja una huella imborrable en la familia y en la sociedad. La incertidumbre, el miedo y la desesperación se apoderan de aquellos que ven cómo sus seres queridos desaparecen sin dejar rastro, en un país donde la seguridad de los menores parece estar en constante riesgo. La protección de los más vulnerables debe ser una prioridad innegociable, y la sociedad entera tiene la responsabilidad de mantenerse vigilante y activa en la búsqueda de soluciones para este problema creciente.
En el año 2023, la Institución Nacional de Derechos Humanos remitió 1.777 alertas correspondientes a menores desaparecidos a escala nacional. En los primeros meses del 2024, se han remitido 574 alertas, lo que evidencia la continuidad y posible agravamiento de este problema.
Estas cifras reflejan la necesidad urgente de reforzar las políticas de protección y las acciones inmediatas para localizar a los menores desaparecidos. Adicionalmente, según los registros oficiales del Ministerio del Interior en su página www.desaparecidosecuador.gob.ec, entre enero y diciembre de 2023, se reportaron 730 personas desaparecidas en el país. De este total, el 39% corresponde a niños, niñas y adolescentes, lo que subraya la vulnerabilidad de este grupo en particular y la urgencia de intervenir para garantizar su seguridad.
Entre los casos recientes que conmocionan a la sociedad están los de Zeivanna Adalej Sánchez Prieto, desaparecida el 29 de agosto de 2024 en Quitumbe, y Jessica Brianna Méndez Zurita, desaparecida el 14 de julio en Cuenca. Estas desapariciones, como muchas otras, siguen sin resolverse, incrementando la desesperación de las familias afectadas y la inquietud general de la ciudadanía.
La desaparición de un niño, niña o adolescente no es solo un número en una estadística; es un grito silencioso que resuena en el corazón de la sociedad. Cada caso representa un hogar roto, una familia sumida en la angustia, y una comunidad que ha fallado en su deber de proteger a los más vulnerables. No podemos permitir que estas tragedias se conviertan en parte de la normalidad de nuestro día a día. Debemos, como sociedad, reflexionar profundamente sobre nuestra responsabilidad colectiva y exigir que la seguridad y el bienestar de los niños sean una prioridad absoluta.
